El Observatorio Latinoamericano para la investigación en Política Criminal y en las reformas en el Derecho Penal (OlaP) se ha establecido en estrecha cooperación con el Instituto Max Planck para el Derecho Penal Extranjero e Internacional (Freiburg/Alemania).  OlaP tiene su foco de atención en los estudios interdisciplinarios, sociológicos y socio-jurídicos sobre políticas criminales y reformas penales en Sudamérica. Su principal objetivo es dar seguimiento a la efectividad de los sistemas de administración de justicia. El observatorio llevará a cabo investigaciones socio-legales/sociológicas- legislativas que brindaran una base para dos objetivos: la confección de los costos efectivos de las políticas criminales y el desarrollo de políticas respetuosas de los derechos humanos así como también de los principios democráticos, el rule of law y aquellos valores compartidos por el MERCOSUR y el continente sudamericano. OlaP contribuirá también con la construcción de las posibilidades en la investigación criminológica y ofrecerá entrenamiento y enseñanza en el campo de la investigación en Criminología y Derecho Penal.  OlaP, además, establecerá vínculos con institutos de investigaciones extranjeros que se ocupan de las reformas en Derecho Penal y trabajara para afianzar una red internacional de investigación con el objetivo de posicionar a América Latina como un actor de importancia en el campo de la política criminal internacional.

América Latina se enfrenta a importantes retos relacionados con el control del delito y las reformas penales. Muchos de esos problemas no son propios o exclusivos de Sudamérica sino que tienen naturaleza internacional. América Latina (como otras regiones en el mundo) se ha visto afectada por nuevas formas delictivas como la criminalidad organizada, el terrorismo internacional, los delitos de tráfico, la corrupción, el lavado de dinero, el delito medioambiental y varias otras formas de delitos económicos. No obstante, existen algunos problemas que son propios de América Latina. Entre ellos, tiene lugar preferencial la violencia que ha devastado a algunos países sudamericanos durante décadas. En el pasado reciente, movimientos guerrilleros y regímenes autoritarios crearon un clima en el que prevaleció la impunidad y el Poder Judicial fue dejado a un lado. El abuso de la prisión preventiva es una de las causas de la superpoblación carcelaria y de las condiciones de hacinamiento en las que se encuentran. El tráfico de drogas  ha cobrado su precio y aun continúa haciéndolo en muchos países de América Latina. Los problemas particulares de los pueblos originarios y de las minorías étnicas con el derecho penal y la justicia penal son en parte  herencia del colonialismo.

Las políticas criminales eficaces y las reformas penales sostenibles tienen que estar basadas en evidencias empíricas. La implementación de las reformas en derecho penal es un proceso que tiene que ser cuidadosamente estudiado y la evaluación tiene que ser llevada a cabo con el objetivo de conocer no solo si las políticas han sido exitosas o han fracasado sino también con el objetivo de conocer por que el éxito ha sido alcanzado o por que las reformas han fracasado. Las políticas criminales basadas en estudios empíricos, entonces, requieren de investigaciones sistemáticas y sustentadas en investigación y análisis socio-jurídico. De algún modo una concepción interdisciplinaria sigue la línea del concepto de “Ciencia Penal Integral” (“Gesamte Strafrechtswissenschaft”). Este concepto de ciencia penal integral está integrado por la dogmatica penal, la política criminal y la criminología, pero abarca también los campos del derecho penal material y procesal, la ejecución de las penas y el derecho administrativo sancionador.